Tras una acción legal y el cambio de autoridades gubernamentales, la Ciudad accedió a adoptar una serie de medidas de inclusión con el objetivo de promover la educación de niños con discapacidad. La petición judicial fue iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en colaboración con la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Hay indicios de transformación en la Ciudad, y no solo en términos de la organización de los lugares públicos que busca establecer el Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, sino también en lo relacionado con la educación y la integración de personas con discapacidad.
Por eso, después de una petición legal presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en colaboración con la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Gobierno de la Ciudad se prometió a “acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada”.
El acuerdo alcanzado entre las partes, como parte de un procedimiento que comenzó en 2019, obliga a la autoridad local a asesorar a las escuelas para garantizar que el proceso de admisión se lleve a cabo respetando el derecho a una educación inclusiva.
Asimismo, el acuerdo implica la implementación de “canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación” de niños con discapacidad”.
El convenio pactado por ambas partes, validado por el Poder Judicial, impone al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad de desarrollar un protocolo para manejar estas denuncias y aplicar sanciones en casos de conductas discriminatorias.
En esa situación, la administración de la Ciudad de Buenos Aires se comprometió a promover el conocimiento sobre el derecho a una educación inclusiva y los procedimientos para hacer valer este derecho, así como a elaborar y difundir datos que permitan evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para asegurar el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad en los establecimientos educativos.
El pacto surge a raíz de una petición legal que señalaba los casos de rechazo de inscripción que experimentan menores con discapacidad en las instituciones educativas privadas de Buenos Aires.
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires “se comprometió mediante un acuerdo judicial a implementar una serie de medidas para poner fin a estas prácticas discriminatorias”, según dijo ACIJ.
La legislación en vigor establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a una educación inclusiva; sin embargo, a pesar de esto, las personas con discapacidad siguen enfrentando denegaciones al intentar inscribirse en las escuelas convencionales, lo que las fuerza a matricularse en otras instituciones ubicadas lejos de sus domicilios o en centros educativos especializados.
Por Sistema Urbano
